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POLÍTICA                     

Las preocupantes actividades financieras de un candidato presidencial ecuatoriano

Mientras Ecuador se dirige a la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales el 2 de abril ha surgido un nuevo escándalo alrededor de los negocios financieros del candidato de oposición Guillermo Lasso.

 Las acusaciones son serias y extensamente sustentadas en documentos públicos, en su mayoría verificables en sitios web como el Registro Púbico y la Superintendencia de Bancos de Panamá, así como la Superintendencia de Compañías del Ecuador. El periódico que sacó a la luz la historia fue Página/12 de Argentina, con dos importantes artículos de la periodista Cynthia García, publicados en el diario y en su sitio web la semana pasada.
 
Sin embargo, mientras se escribe este artículo, los principales medios de comunicación internacionales que cubren la elección, así como los grandes medios ecuatorianos de propiedad privada, han pretendido durante una semana que la historia no existe. Esto a pesar que el presidente Correa ha denunciado públicamente a Lasso por sus negocios, llamándolo a renunciar a su candidatura; y que Lasso le ha respondido públicamente sin negar estas acusaciones. Es difícil explicar esta ausencia de reportes desde lo que la mayor parte de la gente consideraría como normas periodísticas.
 
 Es como si los medios estadounidenses e internacionales hubiesen dejado de reportar la controversia en torno a la negativa, por parte de Donald Trump, de publicar sus declaraciones de impuestos durante la elección presidencial de 2016 en los Estados Unidos.
 

Lasso ha sido descrito habitualmente como un “ex-banquero” que supuestamente se retiró de dichas actividades cinco años atrás. Sin embargo, continúa siendo el principal accionista del banco más grande del Ecuador, el Banco de Guayaquil (mediante un fideicomiso nombrado con sus iniciales, GLM). Evidencia proveniente de las minutas de la junta directiva de la casa matriz del Banco de Guayaquil indican que continúa siendo un importante tomador de decisiones en el banco, del que ha sido presidente ejecutivo por más de 20 años.

Esto debería de por sí ser gran noticia en el Ecuador, en donde los intereses de los banqueros dirigieron el país durante los años que precedieron a la elección de Rafael Correa en 2007, y no son ahora tenidos en alta estima al haber sido causantes de una grave crisis económica y financiera en los noventa. Esta crisis empobreció a muchos ecuatorianos y envió a un gran número de personas fuera del país en busca de empleo.

Pero aún hay más. En 2007, el Banco de Guayaquil (BG) creó un banco offshore en Panamá, que fue llamado Banco de Guayaquil Panamá. En 2011, el BG Panamá cambió su nombre a Banisi, y en 2014 BG vendió Banisi a Banisi Holding. Aunque fue registrada por una firma legalesta compañía de inversiones le pertenece a Lasso, lo cual ha sido admitido por él mismo, aunque en papel aparezcan una serie de transacciones que ocultan esta propiedad, del tipo normalmente asociado a banca offshore y a evasión de impuestos. Estas transacciones y manipulaciones involucran a varios miembros y compinches de la familia Lasso.

Lo que hace de esta propiedad maquillada algo tan importante para la elección es que el banco offshore de Lasso en el paraíso fiscal panameño parece operar fundamentalmente con miras a facilitar la fuga de capitales desde el Ecuador. Hay mucha evidencia de aquello, incluyendo el hecho de que cerca de dos tercios de los pasivos de Banisi están por fuera del país; el regulador Panameño autorizó a Banisi a abrir una oficina en Ecuador, y el dominio de su sitio web, así como sus servidores, se encuentran en el banco ecuatoriano de Lasso en Guayaquil.

Lo que es más importante, desde 2014, ha sido ilegal en Ecuador para los bancos y sus accionistas el poseer operaciones bancarias offshore en paraísos fiscales. Así, la propiedad de Banisi por parte de Lasso, de ser demostrada en un tribunal, parecería ponerle al otro lado de la ley.

La cuestión de la fuga ilegal de capitales y los paraísos fiscales es fundamental en Ecuador por muchas razones, y fue votada en un referendo durante la primera vuelta en las elecciones del 19 de febrero. La mayoría de los electores aprobaron una iniciativa electoral estableciendo que a aquellos ecuatorianos que tengan dinero en paraísos fiscales no debería permitírseles el ejercicio de cargos públicos. Este es un problema global, con miles de millones de dólares (incluyendo ingresos tributarios) en países en desarrollo que se pierden a través de la fuga ilegal de capitales, contribuyendo así a la pobreza e inequidad.

Y esto tiene especial significación en el Ecuador: primero, por la devastadora crisis económica causada por los banqueros en la década de los noventa y segundo, porque el éxito de la década pasada bajo el gobierno de Correa se debió parcialmente a reformas que gravaron la fuga de capitales, forzando a los bancos a repatriar activos líquidos guardados afuera, así como otras re-regulaciones al sector financiero.

La investigación periodística en torno a las sociedades offshore y actividades bancarias de Lasso genera preguntas adicionales. Los reportajes hasta ahora indican que cerca de 50 compañías asociadas a Lasso han sido identificadas. Algunas de ellas han tenido que ver con el ocultamiento de propiedades bancarias a través de familiares y socios, mientras otras aparecen como ligadas a propiedades inmuebles en Florida.

Pero a pesar de las varias y desconocidas complejidades de las propiedades y transacciones offshore de Lasso, los más importantes hallazgos parecen claros: él aparece envuelto en intereses bancarios que facilitan la fuga de capitales desde el Ecuador. El banco offshore, ubicado en el paraíso fiscal panameño, parece estar en contra de la ley. Estas son serias acusaciones respaldadas por evidencia sólida de público acceso. Los periodistas que cubren la campaña no tienen razón justificable alguna para ignorar este escándalo.

Tomado del portal www.huffingtonpost.com.mxTraducción por Jorge Enrique Forero.

Autor: Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, D.C. y presidente de la organización Just Foreign Policy. También es autor del nuevo libro “Fracaso. Lo que los ‘expertos’ no entendieron de la economía global” (2016, Akal, Madrid).

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